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Activistas mexicanos, sin herramientas de protección

Activistas mexicanos, sin herramientas de protección

Por Marco Appel

Activistas mexicanos participaron en el Foro 2014 del Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos (IEDDH) que organizó en la capital belga la Comisión Europea del 12 al 14 de mayo y que esta ocasión dedicó a los defensores de derechos humanos, a propósito de que se cumplen 10 años de que la Unión Europea (UE) adoptó un paquete de directrices para su protección en todo el mundo.

En el foro participaron los mexicanos Marcos Leyva, director y fundador de la organización oaxaqueña Servicios para una Educación Alternativa (EDUCA); la monja Leticia Gutiérrez, directora general de Scalabrianas: Misión para migrantes y refugiados; el padre Alejandro Solalinde, director del albergue Hermanos en el Camino (en Tehuantepec, Oaxaca), y Fray Tomás González, director del refugio para migrantes La 72 (en Tenosique, Tabasco).

Esa invitación contrasta con el hecho de que, mientras en otros países latinoamericanos (como Honduras) el documento que contiene las directrices que se aplican a nivel local ha sido publicado por la autoridad europea, en el caso de México ésta ha negado varias veces su divulgación para “no afectar su relación” con el gobierno ni “debilitar su posición” en los diálogos de derechos humanos de alto nivel que sostiene con el mismo desde 2010.

Las directrices sobre defensores de derechos humanos forman parte de la política de relaciones exteriores de la UE desde 2004. Su propósito global es “fomentar y estimular el respeto del derecho a defender los derechos humanos” y aportar mecanismos de “intervenciones de parte de la Unión en favor de los defensores en situación de riesgo”, con la sugerencia de “medios prácticos de apoyo y ayuda”.

En 2010, la UE diseñó una estrategia específica para México –Estrategia local para la implementación de las líneas directrices de la UE sobre defensores de derechos humanos en México–, que incluye un diagnóstico de la situación que enfrentan esos activistas en el país.

Desconocimiento

En entrevista con Apro, Marcos Leyva señala que uno de sus mensajes en el foro es que los pueblos indígenas sean consultados de manera previa, libre e informada en torno a los megaproyectos que se efectúan en el país con inversión europea. Otra preocupación, explica, es “tratar de incidir y proponer algunas modificaciones a las directrices”, ya que, por ejemplo, observa con inquietud que la UE “está ubicando a sus compañías trasnacionales como un actor privilegiado y estratégico en la obtención de fondos de la cooperación al desarrollo” destinados a México.

Leyva espera que el foro genere un proceso de discusión entre organizaciones europeas y mexicanas que derive en la elaboración de un documento conjunto para que sea contemplado en el diseño de nuevas directrices. De la coordinación de ese proceso, dice, se está ocupando Brigadas Internacionales de Paz (PBI, por sus siglas en inglés), una organización con sede en Londres y cuyos miembros acompañan físicamente a defensores de derechos humanos amenazados.

PBI, que cuenta con oficinas en el Distrito Federal, Oaxaca, Chihuahua y Guerrero, entrevistó a defensores de derechos humanos de México, Colombia y Guatemala entre noviembre de 2013 y enero de 2014. Resultó que 90% de esas personas “dijeron estar familiarizadas con las directrices (europeas) para defensores, pero la mayoría las había conocido a través de PBI o de otras ONG nacionales o internacionales”, indicó en un comunicado fechado el pasado 4 de marzo.

La monja Leticia Gutiérrez, entrevistada igualmente por esta agencia antes de su participación en el foro, explica que su objetivo es “sensibilizar” a la UE sobre la situación de extrema violencia que sufren los migrantes en México y quienes los defienden. Hace también un llamado a las autoridades europeas “para que no sigan dejando de lado una realidad tan compleja como la que tenemos en la migración y los derechos humanos”; opina que “no podemos continuar siendo asesinos de poblaciones, porque las políticas sociales y de desarrollo están generando cada vez más desplazamientos forzados y asesinatos”.

La religiosa reconoce que ignora las directrices europeas para defensores de derechos humanos.

Leyva, quien fue entrevistado al mismo tiempo, afirma que él sí está al tanto de ellas, pero admite que las conoce “por la misma práctica” y no por la información directa que le haya sido proporcionada por las autoridades europeas.

Explica: “Lo hemos platicado con la Comisión Europea y con las organizaciones europeas de la sociedad civil: las directrices sobre derechos humanos de la UE son muy poco conocidas en México y son muy poco operables”.

Pone un ejemplo: “Se habla de misiones de la delegación de la UE en momentos determinados de casos de violación de derechos humanos y situaciones complejas de violencia; hasta donde yo sé, no ha habido una misión oficial de la UE con esas características. Hay delegaciones que se van creando a partir del cabildeo de organizaciones europeas. Van a México, pero no dentro del marco de las directrices ni del gobierno formal de la UE. Son viajes a motu propio de un partido o un eurodiputado”.

–¿Ustedes conocen el diagnóstico que realizó la UE para elaborar su estrategia local para defensores de derechos humanos en México?

Leyva responde que tampoco lo conocen.

Expone: “La UE debería compartir el diagnóstico y luego generar los espacios necesarios para tomar en consideración las opiniones de los defensores de derechos humanos en México. Sería interesante compartir el diagnóstico, pero más interesante sería ver qué políticas o directrices se generan a partir de éste. La sociedad civil no sólo debe ser escuchada. En este tipo de foros se nos escucha, pero otra cosa es que nuestra opinión se refleje en la toma de decisiones”.

El pasado 23 de abril, las eurodiputadas del grupo del Partido Verde, la finlandesa Satu Hassi y la alemana Franziska Keller, preguntaron por escrito a la Comisión Europea si el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), encargado de aplicar las políticas conjuntas de derechos humanos en terceros países, expresaría su preocupación o pensaba tomar alguna acción a raíz de la insatisfactoria implementación en México del Mecanismo de protección de defensores y defensoras de derechos humanos y periodistas.

Las eurodiputadas justifican su cuestionamiento en la existencia de las directrices para México, entre otros instrumentos europeos de derechos humanos.

La Comisión Europea está obligada a dar una respuesta en las próximas semanas.

Secretismo

Hace cuatro años que la UE elaboró una “Estrategia local para la implementación de las líneas directrices sobre defensores de derechos humanos en México”, la cual, según sus propios lineamientos, tenía que haber pasado por una consulta con la sociedad civil de ambos lados.

El 18 de marzo de 2011, poco tiempo después de la presentación de tal estrategia local, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, conformado por 69 grupos mexicanos, se quejó en una carta dirigida a la entonces jefa de la delegación de la UE en el país, Marie-Anne Coninsx, de no haber sido consultados ni suficientemente informados sobre aquella.

“No tenemos conocimiento de que se haya llevado a cabo una consulta con ONG mexicanas para desarrollar la ‘Estrategia local para la implementación de las líneas directrices de la UE sobre defensores de derechos humanos en México’”, expusieron en su misiva, la cual provocó el enojo de Coninsx, que así lo expresó a los activistas en una posterior reunión que sostuvieron el 25 de marzo.

Cuatro días más tarde, el 29 de marzo, durante una conferencia en el Parlamento Europeo consagrada a discutir medidas urgentes de protección a los defensores de derechos humanos en México, la secretaria ejecutiva de la ONG europea Iniciativa de Copenhague para México (Cifca, por sus siglas inglesas), Susanna Daag, solicitó públicamente la divulgación del documento de la mencionada estrategia a María Gotsi, oficial de la unidad para México del SEAE, presente en la sala.

Gotsi reiteró que se había decidido no publicarla.

El 20 de abril siguiente, 14 ONG europeas que defienden los derechos humanos en México enviaron una carta a Catherine Ashton, Alta Representante de la UE en Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, que tenía planeado visitar el país el mes posterior, viaje finalmente pospuesto.

En esa comunicación, organizaciones como CIFCA, Front Line, Pax Christi, la Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México o PBI denunciaron “la falta de la debida consulta para el diseño de la ‘Estrategia local de implementación de las directrices sobre defensores de derechos humanos’ y su no divulgación”. Precisaron que “el carácter no público de la estrategia de implementación local y su falta de conocimiento por parte de los defensores limita sus posibilidades de utilización por estos últimos”.

Un mes más tarde, el 20 de mayo, las ONG recibieron una respuesta de Ashton a través del director para América Latina del SEAE, Gustavo Martín Prada. En una larga carta, señaló que “eran perfectamente conscientes de la difícil situación de los defensores de los derechos humanos (en México) y de su extrema vulnerabilidad frente a la violencia”.

Explicó que la UE había realizado misiones en los estados de baja California, Chiapas, Guerrero, Chihuahua, Quintana Roo y Oaxaca, durante las cuales se habían reunido con defensores de derechos humanos para explicarles “detalladamente” las líneas directrices en la materia y el plan de acción local.

No obstante, Martín Prada no menciona nada sobre la publicación del documento.

El 14 de junio, María Gotsi declaró al corresponsal que los defensores mexicanos ya conocían “lo esencial” de la citada estrategia local, por lo que no consideraba necesario publicar el documento íntegro.

Cuatro días antes, el 10 de junio, la Secretaría del Consejo de Europa (el organismo donde toman decisiones conjuntas los gobiernos de la UE) respondió negativamente a una solicitud de acceso al documento de la estrategia local de México presentada por este corresponsal el 18 de mayo de ese 2011.

“Este documento (la estrategia local) contiene opiniones y análisis internos cuya divulgación podría afectar las relaciones con México y debilitar la posición de la UE ante este país, así como ante otros países terceros en el marco del diálogo sobre los derechos humanos”, declaró en una carta la dirección de comunicación y transparencia de la Secretaría General del Consejo de Europa.

La misma añade que, “de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4, apartado 1, letra a), tercer inciso, del Reglamento 1049/2001 (protección de interés público, por lo que respecta a las relaciones internacionales) y teniendo en cuenta que ningún elemento permite probar que exista un interés público superior que justifique la divulgación del documento en cuestión, la Secretaría General ha concluido que la protección del proceso de toma de decisiones prevalece sobre el interés público de la divulgación”.

Marianne Bertrand, coordinadora en Europa de PBI México –organización que acompaña a los activistas mexicanos asistentes en el Foro del IEDDH–, confirmó el 12 de mayo pasado que la mencionada estrategia se mantiene como un documento confidencial. Comentó que, en ese foro, funcionarios del SEAE explicaron que recientemente acordaron que es posible la publicación de esas estrategias, pero insistieron en que las delegaciones de la UE “pueden decidir no hacerlo por razones de seguridad”.

 

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