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El Congreso incumple el plazo para votar la ley de transparencia

El Congreso incumple el plazo para votar la ley de transparencia

Por Mauricio Torres

A pesar de que los principales partidos afirman que la transparencia es una prioridad de su agenda legislativa, el Congreso mexicano incumplió su obligación de votar la ley secundaria en esta materia en un plazo de un año.

El decreto de la reforma constitucional publicado el 7 de febrero de 2014 en el Diario Oficial de la Federación (DOF) estableció que las cámaras tendrían ese tiempo para aprobar esta legislación, que debe contener puntos como las facultades del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI).

Sin embargo, el plazo se cumple este sábado y los legisladores aún no tienen siquiera un proyecto de dictamen para comenzar la discusión.

En esta Legislatura, el Congreso ha incumplido otros plazos en la aprobación de normas, una situación que no se traduce en sanciones pero retrasa la implementación de reformas.

La senadora Laura Rojas, militante del Partido Acción Nacional (PAN) e integrante de la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana de la Cámara alta, dijo al respecto que el rezago en la ley de transparencia se debe a factores como la cantidad de asuntos en la agenda a lo largo del último año, como las leyes secundarias en materia política, de telecomunicaciones y energética.

No obstante, según Rojas, los negociadores de cada bancada se han mantenido trabajando —en particular durante el mes de enero— y esperan que la discusión en comisiones pueda empezar pronto para llevar un dictamen al pleno del Senado.

“Simplemente no nos dieron los tiempos, pero no ha sido por falta de voluntad política de sacarlo, porque el grupo parlamentario del PRI, del PAN, del PRD y del Verde hemos estado sentados en la mesa semanas”, dijo en entrevista.

La ley debe reglamentar la reforma constitucional promulgada en 2014, con la cual se amplió la lista de sujetos obligados a transparentar su información, incluyendo a partidos políticos y sindicatos, y se dieron más facultades al IFAI, al que se otorgaron poderes sobre todos los niveles de gobierno y organismos autónomos.

A finales de 2014, las principales bancadas en el Senado pactaron una iniciativa en la materia y ahora tratan de llegar a consensos. Sin embargo, Rojas reconoció que existen diferencias en puntos como si el IFAI tendrá o no facultad para sancionar a quien se niegue a acatar una resolución.

“El PRI (gobernante Partido Revolucionario Institucional) está ahorita pidiendo que no, que el IFAI no sancione. El PRD (Partido de la Revolución Democrática) y el PAN sí creemos que el IFAI tiene que tener la facultad de que si un sujeto obligado incumple una resolución, tenga una sanción, porque si no tiene una sanción las resoluciones en la práctica pueden ser desatendidas y no pasa nada”, dijo.

El jueves, senadores del PRD emitieron un pronunciamiento en el que acusan al PRI y a su aliado el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) de proponer “retrocesos” en la ley, como permitir que una información se reserve por tiempo indefinido.

“Se abre la posibilidad de permanecer reservados (los documentos) de manera atemporal o permanente, cuando se trate de información cuya publicación pueda ocasionar o pueda dañar la estabilidad financiera, económica o monetaria”, señala el mensaje.

“Exhortamos a los grupos parlamentarios del Senado a respetar los acuerdos establecidos con los expertos y organizaciones sociales especialistas en el tema de transparencia y no aprobar regresiones en las leyes secundarias que limiten los alcances positivos logrados en la reforma constitucional”, agrega.

CNNMéxico buscó al senador Pablo Escudero, militante del PVEM y presidente de la Comisión de Anticorrupción, para conocer su postura sobre estos puntos. Sin embargo, no pudo localizarlo de forma inmediata.

Hasta este viernes, según los legisladores consultados y las convocatorias publicadas en la Gaceta del Senado, los senadores no tenían una fecha definida para sesionar en comisiones e iniciar la discusión del proyecto de dictamen, que cuando se apruebe deberá ir al pleno de la Cámara alta y posteriormente a la Cámara de Diputados.

 

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