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La violencia obliga a suspender el servicio de autobús en todo Michoacán

La violencia obliga a suspender el servicio de autobús en todo Michoacán

El límite ha sido superado una vez más. Los secuestros y quemas de autobuses que desde hace años azotan a las empresas de transporte en México han llegado al extremo en Michoacán. En este volcánico territorio, de 4.310.000 habitantes, las líneas han suspendido el servicio ante la escalada de violencia impulsada por los estudiantes normalistas en sus protestas contra la reforma educativa.  Abandonados a su suerte por el poder estatal, cientos de vehículos han sido retenidos en los últimos meses y decenas de ellos han acabado quemados. “Estamos desprotegidos, esto es una vergüenza”, afirma un portavoz del sector en Michoacán.

La historia es tan vieja como conocida. En un país de grandes distancias y pocas líneas férreas, los autobuses dominan el transporte terrestre y juegan un papel vertebrador. Su servicio es asequible y con una calidad muy superior a la media latinoamericana. Pese a ello, sufren el olvido de las autoridades y son pasto tanto de los ataques del crimen organizado y como de la ira de todo tipo de colectivos radicales. Los primeros, en especial en Tamaulipas y el Estado de México, los han convertido en blanco de terribles asaltos. Los segundos se han especializado entomarlos a la fuerza y quemarlos en sus perpetuos pulsos al Estado.

La práctica, para desgracia de cientos de miles de usuarios, se ha vuelto un fenómeno masivo. Sólo entre octubre de 2014 a julio de 2016, según un estudio del sector, fueron tomados ilegalmente 2.414 autobuses, en su mayoría en Guerrero, Estado de México, Oaxaca, Michoacán y Veracruz. El tiempo medio de secuestro fue de 10 días y las pérdidas alcanzaron los 270 millones de pesos. Una cifra que suma otros 300 millones de pesos si se considera la inversión inutilizada.

A este cuadro hay que añadir el impacto de los apedreamientos (2.732 en 2015 y 1.672 en los ocho primeros meses de este año) y el vandalismo que sufren los vehículos cuando quedan en manos de los normalistas. “Las autoridades observan, pero no intervienen; es gravísimo”, señala un empresario.

Esta crisis de seguridad ha entrado ahora en fase aguda en Michoacán, gobernada por Silvano Aureoles, del PRD. En una escalada sin freno contra la reforma educativa, los normalistas han apretado el acelerador y multiplicado sus ataques a autobuses, trailers y hasta camiones con alimentos. “Han llegado a tener retenidos 200 vehículos de todo tipo”, denuncia el presidente de la Cámara Nacional de Transporte de Pasaje y Turismo de Michoacán, Arcadio Méndez Hurtado.

El pasado martes, ante el agravamiento de la violencia, la policía estatal detuvo a 49 estudiantes que mantenían retenidos dos autobuses y dos camionetas en la carretera Zacapu-Carapan (Michoacán). La reacción fue furibunda. Pese a que 18 de sus compañeros quedaron libres al día siguiente, los estudiantes de magisterio tomaron como rehén al director de Seguridad de Chilchota (10.000 habitantes) y amagaron con quemarlo. El jueves, después de 36 horas de secuestro, fue liberado. Entretanto, más vehículos habían ardido y las protestas arreciaban. Michoacán, una tierra secularmente olvidada por el Estado, volvía a entrar en erupción.

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En este escenario de descomposición, la Cámara Nacional de Transporte de Pasaje y Turismo de Michoacán decidió este viernes, para salvaguardar la seguridad de los usuarios y trabajadores, así como el patrimonio, suspender el servicio con carácter indefinido. La totalidad de las líneas secundaron la medida. El principal nervio comunicativo del territorio quedaba paralizado. “Ahora mismo no hay servicio en el Estado, ni de entrada ni en salida”, afirma Méndez Hurtado.

Los transportistas, azotados por décadas de violencia e impunidad, demandan la liberación de los autobuses que aún siguen retenidos y el pago de las unidades quemadas. Ya no les basta con que se les ofrezca una promesa de protección estatal. “Llevamos 30 años soportando esto y ningún Gobierno ha conseguido frenar esta violencia. Los normalistas, una vez detenidos, presionan, se manifiestan y el Gobierno cede. Salen a la calle con fianzas de sólo 1.000 pesos (50 dólares) y a nosotros nadie nos restituye el daño. Sólo pedimos que se cumpla la ley”, dice el representante de los transportistas.

De la misma opinión son otros colectivos civiles. Los empresarios michoacanoshan enviado una carta para pedir a las instancias estatales y federales que hagan cumplir la ley. Y la Fundación Ciudadana para el Desarrollo Integral de Michoacán ha exigido el uso de la fuerza contra el vandalismo.

La firmeza de los empresarios hace presagiar un pulso intenso. Pero la pelota está en el campo gubernamental. Tras años de inoperancia, decenas de miles de michoacanos y, por extensión millones de mexicanos, esperan una solución.

Un comentario

  1. Norberto Gonzàlez

    Leì un comentario en Facebook preguntando por los padres de los normalistas ¿saben ellos en donde están sus hijos? yo agrego: ¿alguna escuela contratará a estos jóvenes maestros en el futuro?

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