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México: PGR debe atraer investigación sobre asesinatos de activistas en Guerrero

México: PGR debe atraer investigación sobre asesinatos de activistas en Guerrero

Por Jose Miguel Vivanco

Investigar posible participación de agentes del estado; proteger a testigos

Las autoridades federales mexicanas deberían llevar a cabo una investigación exhaustiva e imparcial sobre el asesinato de tres activistas políticos en el estado de Guerrero, incluido un análisis de las imputaciones que existen en contra de agentes del estado, señaló hoy Human Rights Watch. El gobierno federal debería ofrecer una fuerte protección a los sobrevivientes del ataque y sus familias.

Las víctimas —que son, en su totalidad, miembros de una organización que realiza campañas de defensa de campesinos y comunidades marginadas— fueron sustraídas junto con otros cinco activistas el 30 de mayo de 2013. El día anterior, 11 miembros de la organización habían presentado una denuncia formal ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Guerrero, en la cual señalaban el temor de que el presidente municipal y el jefe de policía del municipio de Iguala pudieran ordenar matarlos como represalia por sus actividades, según documentos obtenidos por Human Rights Watch.

“Las víctimas temían por su vida, específicamente a manos de funcionarios locales”, afirmó José Manuel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “La PGRdebería intervenir a fin de ayudar a garantizar una investigación independiente que analice todos los posibles móviles de este delito”.

El 3 de junio, los cuerpos de tres activistas de la organización Unidad Popular (UP) —Arturo Hernández Cardona,Félix Rafael Bandera Román y Ángel Román Ramírez— fueron encontrados sobre una autopista. Habían desaparecido después de bloquear la autopista en protesta contra la política del gobierno local. Dos de los cuerpos tenían heridas de bala y todos mostraban signos de haber sido maltratados. Una de las víctimas tenía heridas graves que indicaban que había sufrido torturas, según relató su famila, que tuvo oportunidad de ver el cuerpo.

Los otros cinco miembros de Unidad Popular que fueron sustraídos en el mismo incidente lograron escapar, y actualmente están escondidos. Una de estas personas explicó a otro activista cómo se habían desarrollado los asesinatos, y relató cómo una de las víctimas había sido golpeada hasta morir después de haber intentado escapar.

Antes del ataque, Unidad Popular habíarealizado reiteradas críticas al presidente municipal de Iguala, JoséLuis Abarca Velázquez, por sus políticas acerca de la asistencia estatal a agricultores y comunidades pobres, y lo había acusado públicamente de corrupción. La denuncia presentada el día anterior al que las víctimas fueran sustraídas hace referencia a una serie de confrontaciones cada vez más encarnizadas con el presidente municipal, que comenzaron en enero.

Una de estas confrontaciones fue una reunión que tuvo lugar el 1 de abril, en la cual el presidente municipal dijo a un miembro del grupo: “[A]hora nomás falta que te andemos cuidando para que no te maten con tantos problemas que tienes”, según la denuncia. Esta declaración fue interpretada como una amenaza por los miembros de Unidad Popular.

En su denuncia, losactivistas señalaron: “Tenemos el temor fundado en que José Luis Abarca Velázquez, Presidente Municipal Constitucional de Iguala, pudiese ordenar privarnos de la vida a los dirigentes de las distintas organizaciones del referente social ‘Unidad Popular”.

Colegas de Hernández Cardona, un activista y político destacado, manifestaron a Human Rights Watch que los miembros del grupo se habían sentido amenazados durante varias semanas. Estas personas también denunciaron haber sido seguidas por automóviles y por desconocidos que les tomaron fotografías. El 29 de mayo, miembros del grupo tuvieron una reunión, que se extendió durante varias horas, con el presidente municipal y otros representantes del gobierno. Una de las personas que asistió a esta reunión relató a Human Rights Watch que, durante el encuentro, surgieron numerosas controversias.

El Presidente Municipal Abarca Velázquez emitió un comunicado en el cual niega cualquier vinculación con el ataque y declara que se encuentra a disposición de las autoridades para ser interrogado.

Más de dos semanas después del hallazgo de los cuerpos, se desconoce cuál es el estado de la investigación por parte de los agentes de la Procuraduría General de Justicia del Estado. Los sobrevivientes no han hablado con los investigadores, ya que no confían en las autoridades municipales ni estatales, explicó un activista a Human Rights Watch. El activista tambien ha recibido una llamada amenazante a su celular. Mientras tanto, la pareja de Hernández Cardona señala que se siente en peligro, y que la única protección que está recibiendo es una visita diaria por parte de la policía del estado.

El gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero,ha pedido que la PGR tome el caso a su cargo. México tiene obligaciones legales estrictas de protección del derecho a la vida que exigen una investigación eficaz, que permita identificar y sancionar a los responsables de que estas personas hayan sido sustraídas y asesinadas, señaló Human Rights Watch. Dado que existen acusaciones directas respecto de la participación de funcionarios locales, la intervención de las autoridades federales ofrecería mayores posibilidades de independencia y efectividad.

Casi todos los casos de asesinatos de activistas sociales en Guerrero quedan impunes, incluso aquellos en que las pruebas indicaban, de manera contundente, la participación de agentes del gobierno. En febrero de 2009, dos activistas que defendían los derechos de los indígenas, Raúl Luca Lucía y Manuel Ponce Rosas, fueron hallados muertos días después de haber sido detenidos arbitrariamente en el municipio de Ayutla de los Libres por personas que presuntamente se identificaron como policías.No hay ningún consignado por este delito.

“No puede haber ninguna investigación efectiva de estos asesinatos aberrantes si los testigos no se sienten seguros para hablar”, explicó Vivanco. “Para ayudar a fortalecer su confianza, las autoridades federales deben tomar a su cargo la investigación sin demora, y ofrecer protección integral e inmediata a las personas que lograron escapar cuando se intentó llevarlas por la fuerza, como así también a sus familias”.

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